NO AL PROYECTO DE CELULOSAS EN GALICIA

E. González.

 Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF hemos enviado cartas al Gobierno, alertando sobre el proyecto de Altri, totalmente contrario a la sostenibilidad.

El proyecto de Altri afectaría a varios espacios de la red Natura 2000, provocaría una mayor eucaliptización del noroeste peninsular y pondría en peligro el sector primario gallego.

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF hemos transmitido a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, nuestra enorme preocupación al comprobar que la empresa Altri, oficializó su intención de instalar una enorme fábrica de producción de celulosa soluble y fibras vegetales a base de eucalipto en Palas de Rei (Lugo, comarca de La Ulloa). En las cartas, las ONG alertamos sobre los enormes impactos negativos que la industria tendría tanto a nivel social como ambiental, y consideramos que sería decepcionante e incomprensible que desde el Estado se facilitase la financiación pública de una industria tan agresiva.  

En las cartas remitidas a los ministerios, llamamos la atención sobre los cambios que sufrió el proyecto desde que fue anunciado por el presidente de la Xunta hace tres años. Lo que en principio se vendió como un “proyecto innovador y ambicioso para producir Lyocell, un tejido de alta calidad, más ecológico que las fibras artificiales” se transformó finalmente en una nueva pastera a base de madera de eucalipto. También manifestamos la sorpresa por el cambio de titularidad del proyecto desde que se declaró Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por parte de la Xunta de Galicia en diciembre de 2022, que pasó de ser promovido por Altri a una sociedad de nueva creación, Greenfiber S.L. en la que también participa Greenalia. 

El proyecto presentado, que tendrá una capacidad de producción de 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de Lyocell al año, requerirá una captación de 46.000 m³/día de agua del Ulla –tanto como consume toda la provincia de Lugo– y un permiso de vertido industrial al río Ulla de 30.000 m³/día de aguas residuales. También emitirá azufre reducido total, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado.

Las ONG destacamos que entre los muchos impactos negativos, llama la atención la localización de la instalación, que afectaría negativamente hasta la tres espacios de la red Natura 2000 (ZEC Serra del Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais del Arnego) e incluso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, pues el río Ulla desemboca muy cerca de la Isla de Cortegada. Además, los terrenos en los que se pretende emplazar la planta de celulosa formaron en su día parte de las propuestas de ampliación de la Red Natura en 2008 y 2011 de la propia Xunta, que nunca se llevaron a cabo. Además recordamos, especialmente al MITECO, que la Comisión Europea abrió a España (y a Galicia entre otras CCAA) diversos procesos de infracción por incumplimiento  de sus deberes para completar la red Natura 2000 y por la ineficacia de los instrumentos de gestión.

Finalmente, las cinco entidades ecologistas advertimos del impacto en el tejido socioeconómico tanto de la comarca de la Ulloa, eminentemente rural y agroganadera, paso obligado del Camino de Santiago, como en la Ría de Arousa, sus ecosistemas litorales, bancos marisqueros y la pesca tradicional. Galicia no puede soportar otra industria que revierta en una mayor eucaliptización del territorio. Numerosos estudios científicos demostraron que la exagerada proliferación de estos monocultivos en el noroeste peninsular está directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, la deficiente integridad ecológica, la inflamabilidad del paisaje e incluso con las limitaciones a la hora de mitigar el cambio climático.

Para Amigos de lana Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF sería muy difícil de explicar la incoherencia de destinar fondos de recuperación, transformación y resiliencia a un proyecto que no parece cumplir en absoluto el obligado Principio DNSH (Del No Significant Harm) en lo que afecta a cuestiones como la “protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas” y el “uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos”.